12 de agosto 2011

Fuente: RED POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DE GUATEMALA (RPDG)

La Corte de Constitucionalidad dictamina, acertadamente, que la Sra. Sandra Torres no puede ser candidata a Presidente

El 8 de agosto, por la noche, la Corte de Constitucionalidad (CC) tomó la acertada decisión de emitir el fallo de que el inciso c) del artículo 186 de la Constitución impide al cónyuge del Presidente postularse como candidato o candidata a la primera magistratura del país. Se interpreta de esta medida que no existe temporalidad para dejar de ser cónyuge: la persona que sea esposa o esposo del Presidente en el momento de tomar posesión (en este caso el 14 de enero de 2008) o, posteriormente, queda inhabilitada para ser postulada. Como afirmáramos, aún antes de que se convocara a elecciones, la Sra. Torres no podría ser candidata y temíamos que su empecinamiento iba a facilitar la elección de su contrincante principal.

La decisión de la CC, sin embargo, debió haberse tomado antes del inicio del proceso electoral, como nosotros indicamos en abril pasado, para no limitar a ninguna fuerza política a no tener candidatos a presidente y vicepresidente. Al condenar al pueblo de Guatemala a tomar una decisión sesgada, el TSE y la CC pueden pecar de favoritismo. Si a esto sumamos que la CC , de nuevo en componendas con el TSE, actuó inconstitucionalmente al vedar en 2011 el ejercicio del voto a más del 12% de la población, que se encuentra fuera del país, concluimos en que ambos cuerpos han actuado antojadiza y parcialmente.

En apego a la ética y a la letra y el espíritu del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, la CC debiese también inhabilitar a los candidatos que desempeñaron altos puestos en el ejército durante el conflicto armado interno. Durante las negociaciones de paz, los representantes militares reconocieron que todo oficial de capitán hacia arriba había participado en acciones represivas –muchas de la cuales caen en el campo de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Por esa razón, se negaron a aceptar un acuerdo que permitiera la depuración de los cuadros más sanguinarios de la institución, como se había hecho en El Salvador. Prefirieron asumir la responsabilidad colectivamente, como ejército, a espera de lo que determinara la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y no objetaron incluir en el Acuerdo que no se permitiría la impunidad por las graves violaciones de los derechos humanos. La CEH fue terminante en su informe: de las más de 200,000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, “las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93%”.

Existen dos clases de impunidad. Una es de tipo jurídico, que solamente puede superarse en los tribunales, como lentamente empieza a ocurrir en el sistema de justicia guatemalteco, con las condenas a ex kaibiles a miles de años de prisión y las detenciones de algunos altos jefes militares y policiales. Esto caminará en la medida en que el sistema de justicia se fortalezca y las y los jueces se armen de valor; tomará más tiempo. La otra es la impunidad política y administrativa, que se rompe con la determinación política de no dar espacio a los responsables. Si todos los oficiales del ejército aceptaron la responsabilidad por la política de genocidio y tierra arrasada, ningún ex oficial puede ser admitido para dirigir los destinos de la nación.

Correspondería al TSE, a la Corte Suprema de Justicia y a la CC, en conjunto y por unanimidad, dictaminar que los ex oficiales del ejército, durante el período más oscuro de la historia patria, no pueden optar a cargos de elección popular; pero, sin duda, no lo harán. No queda más alternativa que dejar que sean los votos de todas y todos los guatemaltecos conscientes los que hoy digan: elijamos a cualquiera; pero ni un voto al Patriota. Lógicamente, como RPDG también pedimos, junto a miles de migrantes, el voto castigo de nuestros familiares y amistades para quienes nos han fallado. No voten por los partidos que nos engañaron a nosotros, los migrantes. Ni Patriota, ni UNE ni los otros responsables del abandono de los migrantes: LIDER, CREO, FRG, GANA, PAN, PU.

Finalmente, como RPDG también pedimos el voto a favor del Frente Amplio, del cual somos parte. Pedimos el voto en las diversas municipalidades, particularmente para el Dr. Ángel Sánchez en la capital, y en los departamentos en donde tenemos candidatos; el voto a favor de nuestra lista nacional de diputados, incluido nuestro compañero Aníbal Castellón; y el voto para Rigoberta Menchú, para presidenta, y para Aníbal García, para vicepresidente. Son los candidatos en quienes pueden poner sus ojos las bases de la UNE, que se han quedado sin binomio presidencial, y, ciertamente, son los candidatos con quienes los mayas, xinkas, garífunas y ladinos no ricos pueden sentirse totalmente identificados.