10 de enero 2012

Las sedes de radios han sido allanadas oficiosamente.

Por Miguel Ángel Albizures

Constantemente escuchamos en la radio la campaña de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, quien ataca a las radios comunitarias, criminalizando su derecho a hacer uso de las frecuencias, sin distinguir entre las que realmente son piratas y aquellas que representan un servicio, en su propio idioma, a las comunidades indígenas que con esfuerzo propio hacen posible que lleguen los programas educativos, la información, los análisis y las orientaciones a millares de personas.

Pero las sedes de radios comunitarias han sido allanadas oficiosamente y sus dirigentes perseguidos, respondiendo a intereses de los grandes empresarios de la radio, mientras en el Congreso han sido paralizadas –por las presiones de los poderosos– las iniciativas de ley que se han presentado. Si no hay intereses de por medio y complicidad de los diputados, por qué se engavetó la iniciativa presentada en 2001 por once parlamentarios indígenas. Lo mismo sucedió con las presentadas en 2004, lo cual refleja la falta de voluntad política de los poderes Ejecutivo y Legislativo para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y con lo que contempla la propia Constitución.

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