Feb 28, 2012

El retorno de los militares

28 de febrero 2012

Fuente: Guatemalan Human Rights Commission

La llegada a la presidencia de la republica de Guatemala del general Otto Pérez Molina ha provocado frustración y tristeza en muchos. Para los que vivimos y sobrevivimos la guerra éste hecho puede ser difícil de entender porque el general está acusado de delitos de lesa humanidad como ordenar masacres contra población civil indígena en el área Ixil a principios de la década de los 80´s.

También hay señalamientos de desapariciones forzadas y ejecución extrajudicial como la llevada a cabo contra el insurgente Efraín Bámaca quien fue capturado vivo y luego desaparecido. El oscuro y tenebroso pasado del general se ve beneficiado por su postura aparentemente “moderada” dentro del ejército lo cual lo llevo a ser representante del ejército en el proceso de negociaciones entre el Estado y la Insurgencia y signatario de los Acuerdos de Paz firmados el 29 de diciembre de 1996.

Pese a las acusaciones presentadas en su contra ningún caso a prosperado en la justicia guatemalteca, incluso la primera semana de enero del presente año una de las demandas en su contra con mayores posibilidades de avanzar fue desestimada por el Ministerio Público (MP) basándose en un informe/análisis  elaborado por un  militar peruano que trabaja para el MP en calidad de experto en asuntos militares. Dicho informe concluye que no hay elementos que vinculen a Pérez Molina en la cadena de mando responsable por la ejecución del insurgente Efraín Bámaca. Sin embargo, el informe sí señala como responsables a otros altos mandos del ejército que forman parte de la denuncia presentada por Jennifer Harbury, viuda del insurgente Efraín Bámaca.

El informe aparentemente no tomó en consideración los documentos desclasificados del Departamento de Estado donde sí se menciona a Pérez Molina como uno de los responsables del cautiverio y posterior ejecución del insurgente. Si el Ministerio publico continúa trabajando independientemente y sin presiones de ninguna índole es probable que en el futuro cercano podamos ver otros procesos legales y arrestos contra militares acusados por crímenes de lesa humanidad.

La llegada de Claudia Paz y Paz como fiscal general ha permitido que el MP avance profesionalmente e independientemente en muchos casos que estaban atorados/engavetados en el sistema de justicia, el avance de las investigaciones ha permitido que algunos militares hayan sido capturados, se encuentren en la cárcel y enfrenten procesos legales como el caso de los kaibiles que participaron en la masacre de Las Dos Erres y de Francisco Arredondo quien dirigió el temible comando seis de la policía nacional a finales de los 70´s y principios de los 80´s.  Otros militares de alto rango, soldados y civiles han sido condenados y otros enfrentan procesos por crímenes cometidos el conflicto armado interno.

Estos procesos abiertos contra militares y civiles ha provocado la ira de militares retirados y civiles de ultra derecha que tienen miedo a ser procesados en el futuro o de que sus nombres salgan a luz y se les vincule en las investigaciones. Estos sectores conservadores  acostumbrados a la impunidad han lanzado una campaña sucia contra la fiscal general, dicha campaña tiene como objetivos: sacar a la fiscal general del MP y de esta manera detener los procesos abiertos y otras investigaciones que se puedan estar realizando.

La campaña sucia consiste en vincular a miembros de su familia con la antigua insurgencia, pretendiendo así crear la idea de que ella es parcial y sólo tiene interés de dañar al ejército. Como parte de la misma campaña estos grupos de ultra derecha han presentado denuncias en el MP contra civiles a quienes ellos acusan de haber pertenecido a la antigua guerrilla, buscando de esta manera equiparar/igualar los crímenes de lesa humanidad que cometió el ejercito con los de la guerrilla.

Estos grupos  elaboraron y presentaron a los medios de comunicación las listas de los supuestos implicados, muchos de los cuales murieron hace mucho tiempo o eran niñas cuando los hechos ocurrieron como es el caso de dos columnistas de medios escritos y defensoras de derechos humanos. Estas listas parecieran llevar el mensaje de atemorizar a los que están vivos, al estilo de los escuadrones de la muerte que funcionaron con apoyo del Estado y civiles de ultra derecha durante los años de la guerra y que son responsables de muchas de las desapariciones forzadas.

Es muy probable que estos grupos de derecha se sientan  animados y envalentonados con la llegada del general Otto Pérez Molina a la presidencia y es que no se trata de la llegada de un militar sino que todo su círculo cercano son militares que lo han acompañado a lo largo de su carrera militar. Las instituciones de seguridad como el Ministerio de Gobernación, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de Guatemala (SAAS), el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y su Secretario Privado, sólo por mencionar a los más cercanos son militares. De esta forma pareciera que nos es un militar el que va a asumir la presidencia del país, sino que es el regreso de los militares y de los militares contrainsurgentes, aquellos acusados de cometer los peores crímenes: llevar a cabo el último genocidio en el continente americano.

Sin duda la institución que probablemente enfrentará más dificultades será el Ministerio Público y su fiscal general, habrá que seguir muy de cerca el apoyo que pueda seguir dando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a las instituciones encargadas de la justicia, así como de la voluntad del nuevo gobierno de solicitar la ampliación de la CICIG al culminar su mandato. Los defensores de derechos humanos seguramente estarán bajo la lupa de los grupos de ultra derecha y porque no decirlo de los aparatos  inteligencia militar y civil.

El futuro seguirá siendo difícil, la sociedad civil tendrá una tarea complicada de vigilar que el precario Estado de Derecho no retroceda y tendrá que buscar alianzas en la comunidad internacional para fortalecer las vías de denuncia y presión sobre el nuevo gobierno. Pareciera que la comunidad internacional, particularmente los países que apoyaron el proceso de paz no ven con buenos ojos la llegada de un militar a la presidencia. Esto fue evidente con la escasa  participación de Jefes de Estado y de delegaciones internacionales en la toma de posesión el pasado 14 de enero. Esto podría significar que la comunidad internacional estará vigilante de los acontecimientos y medidas que tome el nuevo gobierno, en particular aquellos que afecten o violen los derechos humanos en el país.

Los guatemaltecos que vivimos en el extranjero particularmente los que residimos en Estados Unidos tendremos la tarea de seguir muy de cerca los acontecimientos en el país y apoyar a la sociedad civil en sus justas demandas, será vital en este nuevo periodo  fortalecer  alianzas con grupos interesados en  Guatemala. Para nosotros, los becarios del Voiceless Speak Fund que estamos interesados que los crímenes de la guerra no queden en la impunidad puede significar una oportunidad para buscar alianzas con diferentes sectores en cualquier parte del país en que nos encontremos, podemos tener una participación más activa buscando que representantes de la sociedad civil  guatemalteca viajen a este país a denunciar o trasmitir sus experiencias con sus semejantes. Y que delegaciones de diferentes sectores del movimiento social de éste país viaje a Guatemala a conocer de primera mano los acontecimientos y la historia del país.

El programa de Voiceless Speak Fund abre la oportunidad y facilita que nosotros los sobrevivientes/supervivientes podamos continuar denunciando los crímenes de lesa humanidad que llevaron a cabo militares con la complicidad de muchos civiles. Tendremos que tocar muchas puertas: universidades, grupos religiosos, grupos comunitarios, sindicatos, buscar a los jóvenes, hombres y mujeres y educarles de nuestra historia. Nuestra obligación como sobrevivientes/supervivientes seguirá  siendo la búsqueda de la justicia a través de los mecanismos legales, continuar denunciando los crímenes del pasado para preservar la  memoria y la verdad.

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