8 de mayo 2012

Por GHRC

GHRC expresa su solidaridad con la poblacion de Santa Cruz de Barillas

La Comisión de los Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC/USA, por sus siglas en inglés) quiere manifestar su profunda preocupación por la crisis desatada en Villa de Barillas, Huehuetenango y la reacción excesiva y arbitraria del Gobierno de la República de Guatemala.

Repudiamos el asesinato del campesino Andrés Francisco Miguel y lamentamos que los señores Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé quedaron gravemente heridos en el mismo atentado, aparentemente perpetrado por personas ligadas a la empresa Hidro Santa Cruz. 

En una consulta comunitaria celebrada en el municipio de Barillas el 23 de junio del 2007, la comunidad expresó su rechazo a la minería y otros megaproyectos. Desde el principio los vecinos han expresado su rechazo total al proyecto hidroeléctrico Canbalam y han denunciado la falta de consulta previa e informada. 

La aprobación de un Estado de Sitio y la suspensión de los derechos fundamentales, es un acto que resulta hasta irónico dado que este conflicto nace por el no respeto a los derechos colectivos de esta comunidad. Lejos de apaciguar y buscar una solución verdadera a la situación conflictiva, solo ha servido para sembrar más discordia, miedo e inseguridad. 

Criticamos las declaraciones sin fundamento de funcionarios del Gobierno vinculando al movimiento social con grupos de crimen organizado, como los Zetas. Este intento de difamar y desprestigiar a los líderes comunitarios es un mal pretexto para justificar el indebido uso de las fuerzas armadas. 

De igual forma rechazamos las acusaciones tendenciosas lanzadas en contra de las organizaciones internacionales. Esta campaña negra nos preocupa por las repercusiones que pueda tener para las personas que trabajan en pro de los derechos humanos, la solidaridad y el desarrollo del país. Pedimos a los medios de comunicación la imparcialidad de sus notas con el fin de promover la paz en la población.

Las actuaciones de los funcionarios y las fuerzas armadas replica un patrón de criminalización de movimientos sociales y líderes comunitarios buscando cumplimiento con sus demandas históricas del derecho a la consulta y al territorio ancestral.  

Estamos alarmados por la prioridad dada a la captura de líderes comunitarios por encima del arresto de los asesinos responsables por la muerte de Andrés Francisco Miguel. 

Además, expresamos nuestra profunda preocupación por la forma en que los 12 líderes fueron trasladados desde Huehuetenango a la capital, sin previo aviso y de forma encubierta. Pedimos que se garantice su seguridad, bienestar y el pleno respeto a sus derechos humanos. 

Instamos a las autoridades:

Investigar el asesinato de Andrés Francisco Miguel y llevar a juicio a los responsables materiales e intelectuales de este deplorable hecho;

Levantar el estado de sitio y desmilitarizar la respuesta al conflicto social;

Suspender la licencia de construcción de la Hidro Santa Cruz respetando la consulta comunitaria que se llevó a cabo en 2007.

El Estado tiene el deber supremo de ser garante de los derechos inalienables de sus ciudadanos. En todo momento, de paz o conflicto, esta obligación debería ser la guía primordial para el actuar de las autoridades. La solución idónea al conflicto de Santa Cruz Barillas solo se encontrará por medio de respeto a los derechos de sus habitantes, y no por la suspensión o violación de ellos.