Feb 26, 2014

Día de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno

Invitacion actividades 25 febrero_large

Fuente: Coordinación Genocidio Nunca Más

El año 1999 marca un hito en nuestra Memoria Histórica como pueblos de Guatemala. Habían pasado poco más de dos años de la Firma de los Acuerdos de Paz, un poco más de un año de que la iglesia católica publicara el informe Remhi y el posterior asesinato de Monseñor Juan Gerardi. Quince años de que un grupo de familiares, en su mayoría mujeres, se organizaran para exigir el aparecimiento con vida de los detenidos-desaparecidos. Pese a los fantasmas de la muerte y el desamparo, el miedo aún tras las esquinas y el silencio en los labios de muchos, un hilo de esperanza y la posibilidad de reconstruir juntos y juntas un país con justicia, recorría las calles, montañas y valles de Guatemala, con la entrega del informe elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- Memorias del Silencio, el 25 de febrero. Hoy hace 15 años.

El informe Memorias del Silencio, es la sistematización condensada, del grito de dolor y desesperación de alrededor de 36 años de historia de los pueblos guatemaltecos, narra la historia de vergüenza e infamia, ignominia y terror. En 12 tomos la CEH (auspiciada por las Naciones Unidas) expone en sus conclusiones el carácter excluyente, racista, desigual, autoritario y violento del estado de Guatemala hacia la población indígena, mestiza pobre y todo aquel o aquella que luchara en favor de la justicia y la igualdad social, llegando a implementar mecanismos de terror desde la desaparición forzada, violencia sexual y tortura sistemática hasta los hechos de genocidio.

La Comisión se plantea la reconstrucción y entendimiento de uno de los momentos de nuestra historia más dolorosos. Con el objeto de presentarle a las nuevas generaciones un espejo de nuestra realidad se propone recabar, analizar y exponer desde la imparcialidad nuestra historia reciente. Y con esto da continuidad al esfuerzo de años de las víctimas, sobrevivientes, testigos y organizaciones sociales de obtener de todos los implicados en el conflicto, memoria, verdad y justicia. El Informe significó entonces una posibilidad de construir desde el Estado (a través del reconocimiento y responsabilidad de los implicados) un proyecto político de Nación en favor de las mayorías y el bien común. Bajo estos preceptos la Comisión realiza al Estado en su conjunto, cinco grandes recomendaciones orientadas a: La memoria de las víctimas; la reparación; el respeto a los derechos humanos y la promoción de la cultura de paz; la justicia; y el respeto y reconocimiento de la nación multiétnica, plurilingüe y multicultural.

En lo relativo a las Medidas para Preservar la Memoria de las Víctimas, la Comisión considera a la Memoria Histórica individual y colectiva como fundamento de la identidad, a la vez hace énfasis en la importancia de la memoria de las víctimas y como ésta rescata los valores y lucha por la dignidad. Sin embargo, el Estado no ha realizado esfuerzos reales por escuchar lo que las víctimas tienen que decir, se ha re victimizado y muchas veces manipulado y utilizado para fines políticos partidistas. En la actualidad, ha llego incluso a negarse esta memoria, desde instituciones del Estado creadas para reivindicarla, y no digamos políticas que incluyan la memoria histórica en por ejemplo el pensum de estudios.

La CEH recomienda Medidas de Reparación a las Víctimas, que incluyen restituciones de derechos y tierras, reparaciones económicas individuales y colectivas, creación de políticas y mecanismos para la búsqueda de los desaparecidos y la situación de niños también desaparecidos, políticas de exhumaciones con pertinencia cultural y respeto a las víctimas y sobrevivientes, apoyo psicosocial y jurídico, así como la creación del Programa Nacional de Resarcimiento cuya responsabilidad era regular y protagonizar la adecuada implementación de estas medidas. El PNR y sus principales esfuerzos han devenido en reparaciones materiales, con engorrosos trámites, ensombrecidos por tráfico de influencias y priorización arbitraria. No solo no fueron creadas las políticas para la búsqueda de personas, sino por el contrario el programa negó la desaparición forzada al obligar a los familiares a establecer la muerte presunta de sus desaparecidos para aplicar al resarcimiento.

En las Medidas orientadas a fomentar una Cultura de Respeto Mutuo y de Observancia de los Derechos Humanos, los avances en esta materia en el país, se ven gravemente amenazados con la criminalización que existe hacia los defensores y defensoras de derechos humanos y las luchas sociales, provocando nuevamente el hostigamiento y ataque a quienes se atreven a defender sus derechos.

Las Medidas para fortalecer el proceso democrático, se enfocan en el fortalecimiento del Sistema de Justicia para acabar con la impunidad imperante, así como la reformulación y delimitación de las funciones del Ejército, la policía, el respeto al derecho consuetudinario y las formas de resolución de conflicto de las comunidades y pueblos de Guatemala. Pasos importantes se han dado, como el enjuiciamiento de militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, sin embargo, instituciones creadas para el fortalecimiento democrático como la Corte de Constitucionalidad, han mancillado estos logros y aciertos. Prueba de ello su última acción en contra del mandato de la Fiscal General al frente del Ministerio Público.

Otras recomendaciones para Favorecer la Paz y la Concordia Nacional, se explayan sobre la necesidad de la participación de todos los sectores, de todos los pueblos. Hablan sobre la necesidad de fomentar el análisis, la investigación y el dialogo nacional. Hace énfasis en superar el racismo y buscar mecanismos de la equidad. Hemos sido testigos de como el Estado toma decisiones contrarias a todas estas disposiciones, promueve el despojo de los territorios y solapa el odio que promueven algunos grupos vinculados a sectores militares involucrados en graves delitos en el pasado.

Los pocos avances en estos aspectos son aislados y no son parte de un proyecto de nación que responda a las recomendaciones de la CEH, ni los Acuerdos de Paz. Y en los dos últimos años parece que lo poco alcanzado se ha venido abajo. Desde el gobierno central han tergiversado los planteamientos del informe, se han renombrado las cosas, las reformas educativas han negado la nación multiétnica, plurilingüe y multicultural. Se ha solapado y dirigido desde las instituciones estatales el saqueo y expolio de territorios.

Han sido los propios sobrevivientes, víctimas, testigos, organizaciones sociales y comunitarias, quienes han tomado como suyos (pues no hay dueño más legitimo que nosotros) el Informe Memorias del Silencio. Uno de los esfuerzos espejo de nuestra sociedad, cada palabra, cada historia, sus conclusiones y recomendaciones han sido tomadas en cuenta, como continuación de nuestros caminos de memoria, otras veces como punto de salida, de encuentro o reivindicación. Por ello conmemoramos la dignidad y la verdad. Lo poco que se ha logrado ha demostrado que la justicia es un derecho de las víctimas y contribuye a fortalecer el estado de derecho en nuestro país.

Hoy a 15 años de su entrega, tomamos nuevamente esa memoria en nuestras manos y reivindicamos su carácter, naturaleza y vigencia. Entendemos que solo haciendo nuestro el Informe, por muy doloroso que parezca, es nuestro y solo haciéndolo nuestro, podremos hacer nuestro el futuro.

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