Jul 28, 2016

El Lento Accionar Del Poder Judicial Contra La Corrupción En El Legislativo

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Fuente: Moviemiento ProJusticia

Antejuicios contra diputados

Un total de 28 antejuicios contra igual número de diputados de la anterior y la actual legislatura han sido planteados entre octubre de 2014 y julio de 2016, sin que hasta ahora hayan avanzado significativamente en su trámite.

Más allá de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que da trámite a los antejuicios y designa juez pesquisidor, los procesos están detenidos en el Organismo Judicial. Esta ha sido la constante tanto en los casos recientes de 2016, como los diez antejuicios que datan del período 2014 y 2015 contra diputados de la anterior legislatura -de los cuales solamente dos fueron resueltos con lugar-.

Contrario a la forma en que el Congreso de la República ha tramitado los antejuicios sometidos a su consideración en el último año, donde los casos han sido resueltos sin demora, los magistrados y los jueces pesquisidores en el Organismo Judicial han ralentizado o paralizado totalmente los procesos. Los antejuiciados también han podido litigar para retardar resoluciones.

De todos los casos planteados, solo uno ha llegado a tribunales por una acción directa del Organismo Judicial en su función de ente responsable de diligenciar antejuicios contra diputados.

El caso de Pedro Muadi llegó a investigación y a tribunales, porque perdió su inmunidad cuando la CSJ declaró con lugar el antejuicio; luego de lo cual, el sindicado renunció al cargo de diputado y voluntariamente se sometió al proceso judicial, por el cargo de sustracción a partir de un entramado de plazas fantasmas creadas por él y sus asistentes cuando ocupó la presidencia del Congreso en 2/Movimiento Pro Justicia 2013. Sus ayudantes ya fueron condenados, mientras Muadi está ligado a proceso acusado por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción.

Otro caso que ha avanzado en tribunales, es el de Gudy Rivera, uno de los principales operadores del Partido Patriota (PP) en 2014 para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, responde a un antejuicio datado en 2014. Pero este avance no es atribuible por completo al Organismo Judicial.

La mayoría de magistrados de la anterior CSJ decidió no darle trámite, pero la Corte de Constitucionalidad revirtió esa decisión y obligó a los actuales magistrados a resolver dicho trámite y designar un juez pesquisidor. En este caso hubo incluso una intentona de algunos magistrados, en marzo de 2016, de favorecer a Gudy Rivera1.

En medio de un fuerte escándalo -porque trascendió que algunos magistrados querían mantener inmune a Rivera- la CSJ remitió el expediente a un juzgado de instancia para que iniciara las acciones legales contra el exdiputado del PP2, y ahora este enfrenta proceso penal en su contra y guarda prisión preventiva, sindicado por delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias.

En todos los demás casos no ha habido resoluciones determinantes del Organismo Judicial. Los antejuiciados en el lapso 2014-2015 mantuvieron siempre la inmunidad. Fueron reelectos, pero no están ejerciendo el cargo, porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó no otorgarles credenciales, argumentando que no cumplían con los requisitos que establece el Artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, básicamente de idoneidad y honorabilidad.

Al menos ocho de esos antejuicios quedaron desfasados porque los diputados antejuiciados ya no ostentan dicho cargo, pero los expedientes quedaron en una suerte de limbo. Hace dos semanas, las autoridades intentaron capturar al exdiputado Baudilio Hichos, pero este logró ponerse en fuga, pues al parecer le filtraron oportunamente información sobre la orden de captura en su contra3.

La mayoría de estos antejuicios, han sido promovidos por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), otros han sido presentados solo por el MP a partir de hallazgos durante la investigación de delitos; y unos pocos han sido planteados por particulares a raíz de tener algún tipo de conflicto con el diputado cuestionado.

Los impulsados por el MP y la CICIG se inscriben en la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad enraizada en el Estado, iniciada por ambas instituciones en abril de 2015, aunque ya antes habían asentado investigaciones conjuntas en esa dirección. 1 Ver notas de La Hora https://goo.gl/m0gzar y https://goo.gl/wZ2YOk. El antejuicio contra Gudy Rivera fue presentado en 2014, luego de haber sido acusado por la exmagistrada Claudia Escobar de coaccionarla para favorecer con un amparo a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, a cambio de su relección en la Corte de Apelaciones. El antejuicio fue rechazado por la Corte Suprema ese mismo año, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó darle trámite. https://goo.gl/93BpYj

Ese trabajo conjunto derivó en situaciones que provocaron la caída del gobierno del PP y el general Otto Pérez Molina; dio paso a un gobierno que aportó formalismo a la transición de una administración a otra; y derivó en una nueva época para la justicia, en la cual es posible llevar a los tribunales casos de corrupción de gran magnitud y desvelar las diversas formas de cooptación del Estado. Los diputados al Congreso de la República no escaparon de las investigaciones realizadas. Hasta el momento, son 28 las solicitudes de antejuicio presentadas.

De ellas, 18 corresponden a la actual legislatura. Algunos legisladores han sido acusados de fraude, tráfico de influencias y abuso de autoridad, mientras que otros de extorsión, asociación ilícita y peculado por sustracción. Abundan los casos de diputados involucrados en plazas fantasmas o contrataciones irregulares, con el fin de agenciarse fondos para el partido, la campaña o el bolsillo propio. De todos los antejuiciados, solamente dos renunciaron al cargo, y por lo tanto al antejuicio, para ponerse a disposición de los órganos de justicia: Selvin García y Julio López Villatoro, en junio de 2016. Actualmente, hay un total de 24 antejuicios pendientes de resolver.

Ocho conciernen a quienes ya no son diputados, 16 conciernen a diputados en ejercicio pleno del cargo. La situación de estos antejuicios muestra claramente la atrofia del Poder Judicial en el trámite de procesos que afectan a personajes del mundo político partidario, con algún grado de poder; y la actitud reacia en espacios judiciales a procesar a este tipo de individuos. Pareciera que hay una confabulación entre los que rehúyen la persecución penal y quienes, a la vieja usanza, se complacen en protegerlos con el tibio manto de la inmunidad transformada en impunidad. A continuación, se presenta cada caso de antejuicio presentado, y cuál es su situación actual.

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